Cualquier propuesta que implique ahondar en la monarquía se rechaza porque la corona ya se interpreta como una concesión generosa de los modernos a la tradición
Si por algo se caracteriza la lucha política de los últimos años es por la «mourinhización» de las consideraciones del electorado hacia determinadas figuras, bien por sus discursos bien por sus actos. No encontramos término medio en un sentir que solo conoce de dos opciones, el amor incondicional o el odio visceral. Lo mismo le pasaba a don José Mourinho. Los ejemplos más evidentes son Sánchez y Ayuso, pero también otras figuras se han visto inmersas en esa doble percepción impuesta, como Gabriel Rufián y sus intervenciones a las que nos tiene acostumbrados y que nunca pasan desapercibidas.
Hasta ahora, esta realidad solo había afectado a los políticos de profesión sin trascender al espectro de los partidos. Poco a poco, el desprestigio y desconfianza de una parte de la población ha ido también extendiéndose y contaminando el plano institucional, azotado ya fuertemente por la opinión mediática. Que se lo digan al CGPJ, a la Fiscalía General del Estado o a un Tribunal Constitucional prostituido al poder ejecutivo. Entre ustedes y yo, cada vez que alguien menciona al órgano garante de la constitucionalidad no puedo evitar acordarme de los Nikis cuando cantaban aquello de «no eres más que una pelandrusca». Tiene mérito, desde luego, degradar hasta tales niveles una parte fundamental del poder judicial. Y en estas, el último en sucumbir a la crítica ha sido, lamentablemente, el monarca. ¿La gota que ha colmado el vaso? Que la corona haya firmado la ley de amnistía.
Que sí, caray, que ya nos hemos enterado de que Felipe VI no puede sino firmar la ley porque así lo imponen sus deberes constitucionales y que – coincido aquí – sería centrar la mirada y señalar a quién no es responsable sino, quizás, víctima de sus obligaciones o mero cooperador necesario. A propósito de esta última licencia penal, sería de enorme interés plantear a modo de lucubración del todo imposible el estado de necesidad del monarca en aras de evitar un mal menor. Lástima que no esté contemplado en la sacrosanta Constitución que «entretodosnoshemosdado» y a la que se debe Felipe VI.
La imposibilidad del rey para negarse a firmar la conocemos, pero, ¿acaso no es lógico que los que hasta ahora han encontrado en la monarquía el sistema más idóneo para nuestra nación se muestren algo decepcionados tras conocer la sanción de Felipe VI a la amnistía? Que sí, que la ley dice esto y la Constitución aquello. Ya lo sabemos. ¿Y el hombre medio?, ¿qué dice él? Pues que no logra comprender en tal caso el papel del monarca, ¿acaso no empatizan ustedes con esa percepción?
Si algunos se encargan desde hace ya algunos años de vaciar la institución monárquica de sentido y utilidad, si convierten la corona en una pseudopresidencia corporativa y sustituyen el rito y su necesario carácter elevado y superior, ¿de qué diantres sirve un rey? No sé ustedes pero yo, al menos, no me atrevería a deslegitimar a quienes se quejan de que la institución actúe como está actuando porque, entre otras cosas, sus quejas son del todo legítimas.
Si uno decide tomarse un café cortado en vaso de cristal y le ponen un café con leche de avena en una taza hortera con alguna frase de mr. Wonderfull, lo normal es que se cabree porque lo que tiene sobre la mesa no es, en esencia, lo que le había pedido. Lo mismo pasa con la monarquía, por mucho que algunos no quieran darse cuenta o pretendan esconder la situación debajo de la alfombra. Esto último es, en parte, lógico. Evidentemente, da miedo y genera desconfianza pensar en una alternativa al sistema actual, porque quizás abrir la puerta a una consulta o reconsideración sea servir en bandeja de plata una república federalista y laica.
A esos, a los temerosos justificados, podría alguien preguntarles porque no el planteamiento de dicha alternativa puede ir encaminado a resignificar la institución monárquica en España y no a abolirla. Ni un solo partido ha propuesto o planteado un cambio en el sistema estatal que siga pasando por la corona. O bien mantener inalterado el papel del trono o bien hacerlo saltar por los aires. ¡Hablen ustedes de la monarquía templada!, ¡recuperen la necesaria importancia del saber estar frente a un rey, de los ritos y la sacralidad monárquica! El estatus del rey como figura evidentemente superior al pueblo y a los políticos – y, por tanto, servidor de sus súbditos – no puede quedar reducida a un señor que hace lo mismo o menos que un presidente de república, que habla como lo haría un ejecutivo de BBVA en una campaña de compromiso con el medio ambiente y que se limita a firmar leyes como nombramientos firma un ministro de interior. Porque entonces, efectivamente, el rey es sustituible.
Cualquier propuesta que implique ahondar en la monarquía se rechaza porque la corona ya se interpreta como una concesión generosa de los modernos a la tradición, una especie de «bueno venga, os dejamos poner rey pero no mucho, eh». La corona en la actualidad tiene un problema de legitimación parcial porque se entiende como una sincera concesión que el progreso hace renunciando a sus ideas incompatibles con el carácter hereditario de la jefatura del estado. Por ello, no puede ahondarse en las facultades del monarca, no pueden ampliarse las atribuciones del trono y a los monárquicos, abrumados por la inesperada concesión de los progresistas, asumen con la cabeza gacha y responden «tenéis razón, gracias por ser tan buenos y dejarnos tener rey».
De nada sirve un monarca si la clase política vacía de sentido la institución, pero para poder criticar la monarquía actual en nuestro país tiene que hacerse de la mano de una propuesta alternativa que no pase por la república, porque de lo contrario cualquier comentario que ponga en tela de juicio la actuación del rey será sofocado por una parte de los monárquicos actuales ante el miedo de que repitamos errores pasados, y en la voluntad de mantener la corona como forma de estado deben existir también críticas y propuestas encaminadas a perfeccionar la figura y las atribuciones del rey para hacer dotar de nuevo a su figura de un sentido para el monárquico habitual.