Hablamos del sacrosanto derecho que el pueblo tenía para defenderse y cuyo origen se encuentra en el la civilización democrática por excelencia, la Antigua Grecia
La Antigua Grecia es, para muchos, la cuna de Occidente, la semilla de la civilización actual y sinónimo de democracia, pueblo y ciudadanía. Desde luego, aquel mundo pasado ha dado pie a numerosos avances sociales y principios de gobierno que estudiamos a día de hoy. Es innegable y evidente la contribución griega a la concepción actual del poder y su gestión, así como la relación que existe entre este y el pueblo. Sin embargo, cuando se habla de Grecia muchas veces se hace desde la ignorancia – algo muy humano – y se pasan por alto ciertas cuestiones de absoluta relevancia. Quizás por un auténtico desconocimiento o tal vez fruto de una memoria selectiva francamente dolosa.
Para no ser malpensados, asumiremos que, fruto de un despiste involuntario, olvidamos siempre un término que tuvo su origen en la Antigua Grecia y que se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos en las diferentes culturas y sociedades, constituyendo un objeto de pensamiento y estudio por parte de importantes filósofos y que – no en pocas ocasiones – ha cambiado el rumbo de la historia. Estamos hablando, como usted ya bien sabe, del tiranicidio.
Para los antiguos, la tiranía era el mayor de los crímenes. El propio Aristóteles definía este abuso como una forma de gobierno que “ejerce un poder despótico sobre la comunidad política”. Frente a ella, el tiranicidio se eleva no sólo como un instrumento de resistencia, sino como un deber ciudadano para conservar los legítimos derechos que se están viendo masacrados. Acabar con la vida del tirano puede parecer una barbaridad si lo juzgamos bajo la mentalidad del siglo XXI, pero por aquel entonces, era entendido como “la más bella de las acciones” (Cicerón).
No obstante, la fundamentación del tiranicidio responde a un razonamiento para nada vulgar y bastante sustentado: la protección del bien común. Cuando la actuación de un gobernante se desvía del fin que debe guiarle – esto es, el bien común – entonces el tiranicidio surge como la respuesta justificada del pueblo ¿Cuál es la justificación? Si no se tiene la justicia como timón a la hora de ejercer el poder no podemos hablar de un gobernante que actúa con honestidad y, por tanto, éste debe ser derrocado.
Acaba la Antigua Grecia, pero no con ella muere el tiranicidio. También en la Edad Media, distintos pensadores y filósofos trataron la violencia legítima del pueblo frente a un gobierno tiránico, despótico y, por tanto, ilegítimo. El tiranicidio se convierte en un derecho legítimo de resistencia, la rebelión como el as en la manga del pueblo para defenderse en última instancia de los excesos del poder. Juan de Salisbury, habla del tiranicidio como una acción justa y deseable, una potestad legítima y digna que debe ser llevada a cabo no como un derecho, sino como una obligación. También Santo Tomás de Aquino desarrolló la idea del tiranicidio como la opción necesaria cuando un gobernante olvida el bien común y se centra, por el contrario, en sus intereses personales. El gobernador se debe al pueblo y no a otros fines que no reportan beneficio alguno para la comunidad.
El propio Santo Tomás habla del fundamento de un poder público, poder que irá derivando en un ejercicio de juicio llevado a cabo por el pueblo contra el gobernador que ha traicionado su deber. También Juan de Mariana se pronunció al respecto definiendo al tirano como aquel que, mediante la fuerza, priva a la nación de su libertad y no se preocupa por el bienestar del pueblo. Además, establece una distinción entre dos supuestos en los que la respuesta del pueblo varía dependiendo del punto de partida.
El primero hace referencia a la situación en la que un gobernante por medio de la fuerza y las armas se hace con el poder sin derecho alguno e ignorando a los ciudadanos, en cuyo caso cualquiera podría quitarle la vida. La segunda hipótesis no parte de una situación de origen ilegítima, sino todo lo contrario: un gobernante al que le corresponde gobernar pero que, en el ejercicio de sus funciones, incumple las normas y abusa de su poder sin tener en cuenta a su pueblo. Para este caso, Juan de Mariana contempla un primer aviso al gobernador antes de que se convierta en tirano. En caso de ser ignorado, puede tornar en una declaración como enemigo público y, por tanto, el pueblo estaría entonces legitimado para acabar con la vida del déspota.
El tiranicidio no por ignorado ha dejado de existir a lo largo de la historia. Han sido muchos los pensadores y filósofos que han desarrollado un trabajo teórico al respecto, partiendo del origen de la cuestión: la Antigua Grecia. Tendemos a hablar de Grecia como el culmen de la civilización y el ejemplo más pulcro de democracia, pero nos olvidamos muchas veces de acompañar esas bellas consideraciones políticas con algunas realidades igualmente fundamentadas y razonadas, como es el caso que nos atañe. Quizás sea porque nosotros hemos olvidado ya el significado del concepto sobre el que se fundamenta la acción contra el tirano: el bien común.
Hoy creemos que ese bien no puede ser definido, pues a cada uno le es bueno lo individual y no lo común. No hay un bien común compartido, sino un bien individual que responde a los sentimientos y emociones del momento. Lo bueno, lo deseable, no es con los demás, sino que queda reducido al ámbito privado y pone fin a la esfera pública, que es la razón de la política. ¿Cómo entonces vamos a hablar de una actuación conjunta en legítima defensa frente a los tiranos? Hemos dejado de exigir a los gobernantes un buen hacer que tenga como objetivo el bienestar del pueblo al que se deben, pero lo cierto es que, por aquel entonces, los ciudadanos tenían un mayor control sobre quienes ostentaban el poder, y cualquier extralimitación en el ejercicio de éste podía ser castigado de manera, además, justificada.
No es cuestión de matar a nadie en pleno siglo XXI, pero quizás podríamos encontrar un encaje al tiranicidio en la sociedad actual que no implique el derramamiento de sangre pero que permita al pueblo disponer de un instrumento de legítima defensa del bien común; pero, para eso, debemos recuperar tal concepto.