Las claves de los dos grandes escándalos del actual presidente antes de la próxima campaña
El pasado mes de agosto el Committee on Oversight and Reform publicaría en su página web el siguiente titular “Comer: Justice Department Attempting a Biden Family Coverup”.
En el texto se recogerían las declaraciones del presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes y congresista republicano, James Comer quien acusaba al Departamento de Justicia de "intentar encubrir a la familia Biden a la luz de la creciente evidencia del Comité de Supervisión de la Cámara sobre el papel del presidente en los planes de su familia para vender 'la marca' por millones de dólares a ciudadanos extranjeros". Todo ello tras la promoción el pasado viernes once de agosto de David Weiss, el fiscal que investiga al hijo del presidente Joe Biden, al estatus de fiscal especial.
Además, señalaba que la politización del departamento de justicia había acarreado una demora imperdonable que imposibilitó que Hunter Biden fuera llevado ante la justicia, eludiendo por el camino su obligación de seguir la evidencia que podría haber conducido a su padre, Joe Biden. Duras declaraciones que se encuadran dentro de la investigación que desde el pasado enero estaría realizando el Comité a más de una docena de funcionarios, operativos y encuestadores demócratas, investigaciones que habrían revelado hasta el momento que los Biden y sus asociados han recibido más de 20 millones de dólares en pagos de entidades extranjeras, y que comenzó por las averiguaciones por evasión de impuestos y tenencia de armas del hijo del presidente, que se resolvió tras un intento de acuerdo inconstitucional.
El organismo señala entre los negocios más relevantes de la familia los depósitos propios al empresario rumano involucrado en un juicio por corrupción de alto perfil; Gabriel Popoviciu. Durante el mandato de Obama, tras la visita de su presidente rumano el 28 de septiembre de 2015 el empresario depositó a la cuenta bancaria de un asociado de Biden diecisiete pagos, por un total de más de 3 millones de dólares al por aquel entonces vicepresidente. Sin embargo, las cuentas finalmente recibieron aproximadamente 1.038 millones de dólares en total.
En su página web el Comité dibuja la ruta de pagos que continúa hasta el 1 de marzo de 2017, menos de dos meses después de que el vicepresidente Joe Biden dejara el cargo público cuando State Energy HK Limited, una empresa china, transfirió un monto total del gigante asiático, específicamente con CEFC y sus entidades relacionadas, a la familia Biden y sus asociados que supera los 8 millones de dólares.
La trama entre las relaciones asíatico-estadounidenses llevan también a Kazajstán donde el 22 de abril de 2014, Kenes Rakishev, un oligarca kazajo usó su entidad de Singapur, Novatus Holdings, para transferir 142,300 dólares a una de las entidades de Hunter Biden; Rosemont Seneca.
Al día siguiente, 23 de abril de 2014, la entidad transfirió exactamente la misma cantidad de dinero a un concesionario de automóviles por un automóvil para Hunter Biden. El propio Hunter y Devon Archer representarían a Burisma en Kazajstán en mayo/junio de 2014 cuando la empresa intentó negociar un acuerdo tripartito entre Burisma, el gobierno de Kazajstán y una empresa energética estatal china. En añadido, la contable en jefe de Burisma, que iba a declarar en contra de Joe Biden en el Congreso, fue hallada sin vida el pasado mes de junio.
Pese a lo alarmante de las anteriores transacciones el entramado cobra un nuevo sentido cuando en la primavera de 2014 Hunter Biden se unió a la junta directiva de la misma empresa, Burisma. Tanto a Hunter Biden como a Devon Archer (ex convicto por defraudación fiscal y fraude con bonos de inversión) se les pagó $ 1 millón por año por sus puestos. El monto total de Ucrania a la familia Biden y sus asociados es de 6,5 millones de dólares. Asimismo cerca de 3,5 millones en pagos divididos a lo largo de 2014 fueron efectuados por la mujer más rica de Rusia, Yelena Baturina, a las cuentas de Rosemont Séneca y que fueron redirigidos a Devon Archer y Rosemont Seneca Bohai, una empresa que Devon Archer y Hunter Biden dividieron en partes iguales.
A todo ello se suma el comunicado del House Committee on Ways and Means que tras una reunión ejecutiva votó a favor de divulgar al público el testimonio de dos empleados del IRS que trabajaron directamente en el caso de evasión de impuestos de Hunter Biden. Esos testimonio describirían la mala conducta y el abuso del Gobierno en el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en la investigación. Las denuncias apuntan a una campaña constante de tratamiento desigual de la aplicación de la ley tributaria; injerencia del Departamento de Justicia (DOJ) en forma de demoras, divulgaciones y denegaciones en la investigación de delitos fiscales que pueden haber sido cometidos por el hijo del presidente; y finalmente, represalias contra los empleados del IRS que denunciaron la mala conducta.
Todo ello avalaría las afirmaciones del presidente del Committee on Oversight and Reform, que además ha afirmado llevará el caso a los tribunales, y que actualmente se encuentra en la orden del día de la Cámara.
Los escándalos de la Familia Biden no acaban ahí. El pasado 10 de Octubre el presidente Biden se reunió con el fiscal especial Robert Hur, quien fuese nombrado en enero como fiscal especial para determinar por qué se encontraron documentos con marcas clasificadas en la casa de Biden en Wilmington, en el estado de Delaware. Sería en noviembre de 2022, cuando funcionarios que limpiaban una oficina de la Universidad de Pensilvania en Washington, DC que Biden utilizó después del final de la administración Obama, encontraron documentos clasificados adicionales.
Dos casos que suponen un varapalo para la posible reelección del actual presidente, especialmente después de que el expresidente Trump comenzase la campaña electoral para 2024 trazando una vinculación entre los papeles hallados en el garaje y la casa del presidente en Wilmington con las investigaciones sobre presuntos negocios ilícitos de su hijo Hunter en Asia.
No cabría olvidar sin embargo que, pese a la gravedad de las acusaciones formuladas contra del actual presidente, el candidato se vio inmerso en incriminaciones similares durante su mandato. A nadie le fueron desconocidos sus intentos de soborno a la actriz Stormy Daniels, las acusaciones de manipular documentos clasificados, las multas por fraude fiscal a la Organización Trump o los orígenes de la investigación del FBI sobre los presuntos vínculos de la campaña de Donald Trump de 2016 con Rusia.
Parece entonces que la campaña 2024 se basará no sólo en determinar qué casos son más gravosos, sino también en elegir entre Guatemala y Guatepeor.
